El anuncio de Obama de establecer, por Ley, que hospitales y universidades católicas proporcionaran a sus miembros métodos anticonceptivos y planes de esterilización, generó una tormenta política. Tal ha sido la polémica y las críticas recibidas por parte de los religiosos que la Casa Blanca se ha visto obligada a recular.El Gobierno ha dado marcha atrás en sus intenciones y ha anunciado que, finalmente, las empresas católicas no estarán obligadas a ofrecer métodos gratuitos de control de natalidad, sino que sus trabajadores tendrán que recurrir a las compañías de seguros. Un compromiso que busca aplacar un poco los ánimos de los católicos.
La norma de la polémica, incluida en la reforma del sistema sanitario promulgada en 2010, imponía la obligación a partir de 2013 a los hospitales, los colegios y otras instituciones católicas a dotar de seguros médicos a sus empleados que contemplaran la planificación familiar y, en concreto, métodos para el control de la natalidad. El cambio hecho ahora reside en que las instituciones católicas podrán alegar objeciones para no ofrecer anticonceptivos a sus empleadas, pero entonces esa responsabilidad recaerá en sus compañías de seguros.
"Bajo la nueva política, las mujeres tendrán acceso gratuito a métodos anticonceptivos independientemente de dónde trabajen, como parte de los servicios de salud de las empresas. Pero si una empresa religiosa tiene objeciones al respecto y prefiere no prestar estos servicios, no será obligada a hacerlo, pero requerirá a su compañía aseguradora que los proporcione a las mujeres libre de cargo", ha explicado la Casa Blanca en un comunicado.
Este cambio, según explica la Administración, pretende asegurar que todas las mujeres tengan acceso a astos cuidados preventivos a la vez que también se protege la libertad religiosa de cada uno.
La respuesta de la Iglesia a la regulación inicial no se hizo esperar y cientos de sacerdotes de todo el país leían cartas de protesta por la norma y miles de ciudadanos firmaron una petición para que se cambiara la medida. Un clamor popular al que la Casa Blanca no ha podido ser ajena.
"Honestamente, es una victoria para todos", explica a Reuters Stephen Schneck, científico político de la Universidad Católica de América, que ha asesorado a Obama en el proceso de reforma de la norma.
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